¿Cómo afectará la sentencia a la situación de Puigdemont?
Hace unos días y a cuenta de las detenciones de los CDR acusados de preparar un atentado con explosivos, Carles Puigdemont aseguró que querían "colgarle el muerto del terrorismo" para activar la euroorden de extradición y que Bélgica lo devolviera a la justicia española. Ahora, la sentencia del procés puede ser suficiente para que el juez Manuel Marchena active esa euroorden, ya que el Tribunal Supremo ha condenado a la mayor pena –13 años de prisión– a Oriol Junqueras, número 2 de un Govern que encabezaba Puigdemont, que al contrario que Junqueras, no ha podido ser encausado por la justicia española.
Sentenciados sus compañeros por sedición y/o malversación, este último delito podría no causarle problemas en Bélgica al expresident huido, pues la ley belga no contempla el delito de la misma manera que la española: para hacerlo, debería demostrarse que Puigdemont se habría llevado el dinero. Distinta sería su situación en Alemania, donde también acudió pidiendo amparo. En julio de 2018, el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein concluyó que no entregaría al político catalán por rebelión, se lo pensarían por delito de sedición y solo lo devolverían a la justicia española por malversación, delito que se ha confirmado en la sentencia que acaba de conocerse y por el que sí han condenado a Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Por su parte, Puigdemont ha hecho uso de las redes sociales tras conocerse la sentencia: "100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca a vuetro lado y el de vuestras familias. Toca reaccionar como nunca. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña". Pero Puigdemont no es el único que huyó: Toni Comín, quien fuera conseller de Sanidad de la Generalitat también vive en Waterloo. Junto a ellos, Marta Rovira, Mertixell Serret, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Anna Gabriel también se encuentran a la espera de ver cómo les afecta la sentencia. Fuentes jurídicas consultadas creen que la sentencia es el primer paso para lograr traerlos a España y que afronten penas parecidas a las de los ya condenados, que implican todas una inhabilitación para cargo público equivalente a la penas de prisión.
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